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Atropellan derechos laborales de trabajadores del Senado de la República

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• La maniobra busca obtener mil trescientos millones de pesos, para uso de campañas políticas

En una polémica decisión que ha levantado preocupación, se anunció que a partir de abril, más de dos mil trabajadores de honorarios y de confianza serán despedidos en el Senado de la República. La medida, que afectará a asesores parlamentarios, secretarios técnicos de comisiones, órganos de gobierno y personal de apoyo a la labor legislativa, no contempla compensación alguna por sus seis años de servicio, infringiendo derechos laborales.

Lo más inquietante, señalaron trabajadores del Senado que pidieron no revelar su identidad, es que la maniobra busca obtener mil trescientos millones de pesos, no destinados a la tesorería, sino que aumentarán los montos de los finiquitos de senadoras y senadores cuyos mandatos finalizan en agosto.

Esta acción se suma a la previa preocupación sobre la subcontratación de trabajadores de limpieza en el Senado, denunciada por diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, se ha prestado poca atención al detrimento en los salarios de los trabajadores de honorarios y de confianza, especialmente de los asesores parlamentarios, esenciales para el funcionamiento del Senado.

En 2018, el Senado justificó medidas de austeridad eliminando beneficios y despidiendo personal, incluyendo secretarios técnicos y asesores de comisiones. Además, se prohibió a estos trabajadores laborar en otras instituciones, limitando sus oportunidades profesionales.

A pesar de los avances en el aumento real de salarios mínimos por parte del gobierno de López Obrador, el Senado no ha seguido esta tendencia, generando tensiones laborales con la falta de incrementos salariales en cinco años.

En febrero, más de dos mil trabajadores fueron informados de contratos de solo cuatro meses, sin posibilidad de prolongación ni liquidación. La administración argumenta el cierre de la administración en abril, aunque los altos mandos del Senado permanecerán hasta agosto, con la posibilidad de recibir una liquidación de ley en caso de no continuar en la siguiente legislatura.

Este tema ha sido discutido en reuniones a puerta cerrada de los grupos parlamentarios, generando voces inconformes. Los senadores enfrentan la disyuntiva de defender los derechos de los trabajadores o asegurar una buena liquidación. La pregunta que queda en el aire es: ¿optarán por hacer lo correcto o por un buen cheque de partida? La política, como se suele decir, es de bronce.

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