Un juez federal emitió una restricción al presidente Andrés Manuel López Obrador para que evite emitir expresiones de odio que inciten a la confrontación, el ataque o la violencia hacia los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que participan en una marcha programada para el próximo domingo.

Esta medida fue otorgada por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, en respuesta a una solicitud de 68 funcionarios judiciales.

Además de limitar las expresiones del presidente, el juez también ordenó que la fuerza pública se abstenga de llevar a cabo actos contra la integridad física de los manifestantes.

El juez argumenta que si bien el presidente tiene derecho a la libertad de expresión, no puede utilizar esta prerrogativa para realizar manifestaciones que ataquen la dignidad humana y el honor de los manifestantes.

Esta restricción se ha establecido con el fin de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos y mantener una convivencia pacífica en la sociedad.

arremetió contra la marcha de trabajadores del Poder Judicial que protestan por la extinción de fideicomisos por un monto de 15 mil millones de pesos.

Durante su conferencia matutina de Palacio Nacional de este viernes, López Obrador subrayó que le parece de “pena ajena” la manifestación para mantener los privilegios de altos funcionarios del Poder Judicial, y reiteró que con el recorte a los fideicomisos no se afectará ni el sueldo ni las prestaciones de los trabajadores.

Reiteró que entre los “privilegios” de los altos funcionarios judiciales se encuentran: “servicio médico especial hasta para hacerse cirugías plásticas, cajas de ahorro, especial, se llevan cuando terminan los altos funcionarios del poder Judicial 20 o hasta 30 millones de pesos de retiro, siguen recibiendo sus sueldos casi íntegro cuando se retiran, desde luego mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchísimas prestaciones”.

La Cámara de Diputados aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos (832 millones de dólares) a la Tesorería de la Federación.