Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se dijeron insatisfechos, tras una reunión con autoridades judiciales mexicanas, mientras que se mantendrán en protesta en un campamento instalado frente al Campo Militar 1, en Ciudad de México, capital del país.

“No nos vamos satisfechos, lo que hubiéramos querido es que hubiera un compromiso más puntual del Consejo de la Judicatura (CJF), pero sabemos de sus limitaciones, sabemos de los alcances que tienen”, señaló Vidaulfo Rosales, el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, sur de México.

La reunión de una comitiva de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, liderada por Rosales, con el CJF, órgano administrativo del Poder Judicial mexicano, que encabezó el consejero Bernardo Bátiz, duró más de dos horas.

Las principales demandas a las autoridades judiciales se centraron en la participación de las Fuerzas Armadas en 2014, un hecho que ha calificado el propio Gobierno mexicano como “un crimen de Estado”, en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército mexicano.

En un primer punto, detalló Rosales al salir de la reunión, se reprochó que un juez federal aprobara la solicitud de la defensa legal de 14 militares detenidos en este caso para interrogar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y al exfiscal Omar Gómez Trejo.

Dijo que esta acción es contraria al principio de “inmunidad diplomática”, por lo que ya han ingresado un amparo judicial por este punto en el proceso, pues ningún integrante de la Comisión para la verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) puede ser citado.

“Socava las facultades del ministerio público y medra también el mecanismo transicional como el de la comisión de la Verdad, pone en riesgo la cooperación internacional”, comentó.

Añadió que en la reunión se cuestionó la liberación de uno de los 14 militares relacionados con el caso el pasado 23 de agosto, así como que abordaron el amparo promovido contra la negativa de las Fuerzas Armadas de México por entregar “información relevante” sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace nueve años en el sur de México.

Por su parte, solicitaron al CJF concentrar los más de 30 procesos legales que se llevan en distintos juzgados del país, al encontrarse diversos criterios, incluso encontrados.

La comitiva representante de los padres y familiares de los estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 regresó al campamento de protesta instalado desde el jueves pasado en las afueras del Campo Militar 1, en la capital mexicana, donde advirtieron permanecerán hasta el lunes a la espera de más reuniones con autoridades mexicanas.

Anteriormente, también se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se mostraron desilusionados por la misma respuesta de que se había entregado toda la información en poder de las Fuerzas Armadas, pues Derechos Humanos, Población y Migración.

El GEI se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por obstáculos y falta de cooperación de las autoridades militares mexicanas.

Mientras que la protesta se da en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes, mientras crece la presión para que López obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso.