Con solo días en el cargo, el fiscal de la subregión de Tierra Caliente, del convulso estado mexicano de Guerrero, fue asesinado el sábado, informó este domingo la fiscalía local.

El homicidio se cometió un día antes de que en el vecino estado de Michoacán, también con costas en el Pacífico, ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, un dron lazó un explosivo casero sobre el techo de una explanada pública, cerca de una reunión de lugareños organizados contra el crimen organizado.

Por el probable “homicidio calificado” de Víctor Manuel Salas Cuadras, registrado el sábado pasado en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, la fiscalía de Guerrero inició una investigación, informó la institución en un comunicado sin más detalles.

Salas, teniente Coronel del Ejército Mexicano en activo y en el cargo desde hacía “5 días”, fue “asesinado tras una balacera, los sicarios se lo llevaron y lo dejaron tirado en un pueblo a 10 km”, detalló El Sur, diario de Guerrero.

Salas habría sido ejecutado “por supuestos integrantes de (el cartel de narcotraficantes) La Familia Michoacana”, según el diario de circulación nacional Reforma.

Diversos medios reportaron el ataque este domingo con un explosivo de fabricación casera lanzado por un dron sobre el techo de lamina de una explanada pública en la localidad de La Ruana, del municipio de Buenavista, Michoacán, sin provocar heridos.

Cerca de ese sitio se llevaba a cabo una reunión de integrantes de una organización de “autodefensas”, en la que participaba Guadalupe Mora Chávez, hermano uno de sus fundadores, Hipólito Mora, asesinado el pasado 29 de junio.

La subregión llamada Tierra Caliente está conformada por parte de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, colindante con Ciudad de México.

Ante la creciente violencia, en mayo pasado el gobierno lanzó un operativo militar en Tierra Caliente para proteger a la población de las actividades de grupos del narcotráfico y de las disputas entre éstos y las llamadas “autodefensas”, integradas por civiles que se alzaron en armas argumentando la pasividad de las autoridades ante la criminalidad.

El gobierno federal de México ha registrado más de 420.000 asesinatos y al menos 100.000 desaparecidos desde finales de 2006, cuando lanzó una ofensiva militar antidrogas.